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La actual corriente jurisprudencial que se decanta por anular todas las liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), con independencia de que el contribuyente que recurra la liquidación del impuesto haya probado o no el incremento de valor del terreno.

El recién estrenado 2018 será un año clave en el derecho bancario. Durante los próximos doce meses, se espera que comiencen a resolverse varios frentes abiertos entre consumidores e inversores minoristas y las entidades bancarias. 

Hay tres frentes abiertos en derecho bancario, que podrían ser protagonistas en este 2018: el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios y, por supuesto, el futuro de los accionistas afectados por el Banco Popular.

Ha transcurrido más de un mes desde que concluyera el plazo otorgado por el Banco Santander para que una parte de los afectados por la resolución del Banco Popular, fueran parcial y condicionalmente “compensados” por dicha entidad, como consecuencia de la amortización de sus acciones, en fecha 7 de junio de 2017.   

¿Cómo reclamar el IRPH?
El pasado 22 de noviembre de 2017, el Tribunal Supremo hacía público -mediante un comunicado de su Gabinete Técnico- que el Pleno de la Sala Civil había estimado el recurso de casación interpuesto por Kutxabank contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que había declarado nula la cláusula de interés de un préstamo hipotecario por estar referenciada al IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios).

Desde que el pasado mes de noviembre la Sala Primera del Tribunal Supremo publicase el texto de su sentencia Nº 608/2017, distintos Juzgados de Primera Instancia de todo el país han ido asumiendo y aplicando los criterios expresados por el Alto Tribunal en relación a la nulidad por abusividad del clausulado multidivisa incorporado en préstamos hipotecarios suscritos con consumidores.

El 15 de noviembre fue publicada la Sentencia 608/2017 dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. La publicación de este fallo había despertado una gran expectación tanto entre los prestatarios afectados por las hipotecas multidivisa como entre las entidades bancarias involucradas en su comercialización, toda vez el Alto tribunal fijaría su posición definitiva respecto de este producto, tras las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuya doctrina difería de la de

La Junta Única de Resolución deberá responder en el plazo de dos meses, al primero de los recursos presentado por Rúa Abogados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por la amortización de las acciones del Banco Popular y su venta a Banco Santander.

En el escrito, el Secretario del Tribunal General estipula que la JUR deberá presentar un escrito de contestación en el plazo de dos meses desde la recepción de la notificación de la demanda.

26 de julio de 2017.- La próxima semana, más de 2 mil accionistas afectados por el Banco Popular representados por Rúa Abogados, recurrirán las resoluciones de la Junta Única de Resolución (JUR) y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El Tribunal Constitucional (TC), mediante su sentencia dictada el pasado 11 de mayo, ha ratificado su criterio respecto a la inconstitucionalidad del método de cálculo que venía aplicándose para el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIIVTNU o Plusvalía Municipal). De esta forma, el TC extiende a todo el territorio nacional el criterio que previamente había adoptado en decisiones circunscritas al territorio foral de Guipúzcoa y a Álava.

Hechos del caso

El 19 de julio del año 2016, la Comisión Europea publicó una nota de prensa en la que comunicaba la imposición de una multa de 2.930 millones de euros a los fabricantes de camiones MAN, Volvo, Renault, Daimler, Iveco y DAF.