{"id":1119,"date":"2018-02-20T22:29:17","date_gmt":"2018-02-20T21:29:17","guid":{"rendered":"https:\/\/ruaabogados.es\/?p=1119"},"modified":"2025-09-19T11:51:39","modified_gmt":"2025-09-19T09:51:39","slug":"abogados-plusvalia-municipal-iivtnu","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/ruaabogados.es\/en\/abogados-plusvalia-municipal-iivtnu\/","title":{"rendered":"Plusval\u00eda Municipal: Se puede reclamar a\u00fan cuando haya habido un incremento del valor del terreno"},"content":{"rendered":"

La actual<\/strong>\u00a0corriente jurisprudencial que se decanta por anular todas las liquidaciones del\u00a0Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU),\u00a0con independencia de que el contribuyente que recurra la liquidaci\u00f3n del impuesto haya probado o no el incremento de valor del terreno<\/strong>.<\/p>\n

Lo primero que conviene recordar es que la STC 59\/2017 declar\u00f3 nulos los art\u00edculos 107.1, 107.2.a) y 110.4 de la LHL, \u201c\u00fanicamente en la medida en que someten a tributaci\u00f3n situaciones inexpresivas de capacidad econ\u00f3mica\u201d<\/em>.<\/p>\n

A continuaci\u00f3n, el mencionado fallo se\u00f1ala que:<\/p>\n

\u201cdebe indicarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributaci\u00f3n es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuraci\u00f3n normativa, a partir de la publicaci\u00f3n de esta sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el r\u00e9gimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributaci\u00f3n las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana<\/em>\u201d.<\/p><\/blockquote>\n

Es decir, el TC anula los mencionados art\u00edculos en la medida en que sometan injustamente a tributaci\u00f3n una situaci\u00f3n que no ponga de manifiesto la capacidad econ\u00f3mica del contribuyente, e impone en consecuencia un mandato al legislador estatal para que modifique la normativa vigente articulando un mecanismo de\u00a0determinaci\u00f3n de la base imponible. El referido mandato es id\u00e9ntico al impuesto a los territorios forales en relaci\u00f3n a las normativas que rigen el impuesto en los mismos, con la diferencia de que -por ejemplo- la Diputaci\u00f3n Foral de Guip\u00fazcoa ya ha aprobado el Decreto Foral-Norma 2\/2017 por el que modifica la normativa del impuesto, mientras que el legislador estatal aun no regula los criterios para calcular correctamente la base imponible del mismo.<\/p>\n

En este sentido, no hay que perder de vista que el IIVTNU es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos urbanos y que se ponga de manifiesto a consecuencia da la transmisi\u00f3n de la propiedad de los terrenos por cualquier t\u00edtulo o de la constituci\u00f3n o transmisi\u00f3n de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. El problema radica en que los preceptos anulados establec\u00edan la forma en que se determinaba el mencionado incremento de valor, puesto que la configuraci\u00f3n del impuesto presum\u00eda que dicho incremento se hab\u00eda producido en todo caso.\u00a0En consecuencia, la pregunta que aflora a ra\u00edz de la STC es \u00bfc\u00f3mo saber si hay o no incremento cuando la Ley define que hay incremento siempre y que \u00e9ste se cuantifica de forma autom\u00e1tica? O, dicho de otra manera, \u00bfc\u00f3mo se puede afirmar que solo se tributar\u00e1 si hay incremento -o que la norma es nula cuando no haya incremento- si dicho incremento, a efectos de este impuesto, siempre se produce, porque se determina por la mera tenencia de un bien inmueble por el paso del tiempo? De hecho, el TC anula tambi\u00e9n por conexi\u00f3n el art\u00edculo 110.4 que es el precepto que impide que los sujetos pasivos puedan acreditar una situaci\u00f3n inexpresiva de capacidad econ\u00f3mica.<\/strong><\/p>\n

En consecuencia, pareciera que la STC obliga a dilucidar en cada caso si ha habido o no incremento de valor, pues es dicho incremento lo que marcar\u00eda el nacimiento o no de la obligaci\u00f3n tributaria<\/strong>. Es decir, si no hay hecho imponible (incremento de valor), no nace la obligaci\u00f3n tributaria y, por ende, no se puede exigir el tributo. No obstante, al no existir una definici\u00f3n legal de incremento de valor del terreno y habiendo sido anulado el mecanismo de c\u00e1lculo de dicho incremento cuando no se pone de manifiesto la capacidad econ\u00f3mica del sujeto, los juzgados y tribunales solo han encontrado dos alternativas posibles para afrontar dicha situaci\u00f3n: O bien interpretar el concepto de \u201cincremento de valor\u201d, o bien anular toda liquidaci\u00f3n en tanto no se pronuncie el legislador.<\/p>\n

En la primera de las alternativas, diversos juzgados y tribunales se dieron a la tarea de interpretar la normativa vigente a fin de desarrollar un mecanismo que permitiera dilucidar -en cada caso- si el valor del terreno transmitido hab\u00eda experimentado alg\u00fan incremento. Sin embargo, esta v\u00eda planteaba en \u00faltima instancia m\u00e1s dudas que certezas: \u00bfqu\u00e9 f\u00f3rmula deb\u00eda seguirse para el c\u00e1lculo de la plusval\u00eda?; \u00bfes suficiente con comparar los precios de compra y de venta del inmueble?; en ese caso, \u00bflos gastos asociados a la operaci\u00f3n -IVA, gastos de notar\u00eda, etc.- pueden emplearse para incrementar el valor de adquisici\u00f3n y disminuir as\u00ed la plusval\u00eda resultante?; \u00bfa qui\u00e9n le corresponde probar la inexistencia de la plusval\u00eda?; \u00bfes suficiente con que el contribuyente aporte un indicio de prueba de la inexistencia de incremento de valor del terreno?<\/p>\n

Todos estos potenciales inconvenientes fueron analizados por los diferentes juzgados y tribunales con soluciones evidentemente dispares y, en muchos casos, contradictorias. Esta interpretaci\u00f3n deriv\u00f3 incluso en situaciones parad\u00f3jicas como la siguiente: si el mecanismo de c\u00e1lculo solo es inconstitucional en la medida en que no se ponga de manifiesto una situaci\u00f3n de capacidad econ\u00f3mica y se somete a tributaci\u00f3n transmisiones en las que no hubo incremento de valor, podr\u00eda suceder que la f\u00f3rmula contenida en la ley s\u00ed se le aplique a una persona que haya tenido una plusval\u00eda de -digamos- 10 \u20ac, pues formalmente se habr\u00eda cumplido el hecho imponible al haber incremento de valor. De ser ese el caso, se aplicar\u00edan los preceptos de la LHL -pues no ser\u00edan inconstitucionales en ese supuesto- y, por tanto, la cuota que tendr\u00eda que ingresar la persona ser\u00eda muy superior a la plusval\u00eda obtenida por la transmisi\u00f3n. Bajo esta interpretaci\u00f3n parece evidente que se vulnerar\u00eda la prohibici\u00f3n constitucional de que los tributos no tengan alcance confiscatorio. El problema, sin embargo, estar\u00eda en determinar a partir de qu\u00e9 importe de plusval\u00eda ser\u00eda justo someter dicho incremento a tributaci\u00f3n.<\/p>\n

En contraposici\u00f3n a esta alternativa de ofrecer una interpretaci\u00f3n jurisprudencial, ha surgido otra corriente que defiende la anulaci\u00f3n de toda liquidaci\u00f3n del IIVTNU, ya que se trata de liquidaciones giradas en aplicaci\u00f3n de preceptos expulsados del ordenamiento jur\u00eddico\u00a0ex origine<\/em><\/strong>. Posiblemente la primera gran sentencia que ha defendido esta tesis es la del TSJ de Madrid N\u00ba 512\/2017 de 19 de julio. En resumen, dicha sentencia establece que no es posible -porque el TC no lo admite- una \u201cinterpretaci\u00f3n salvadora\u201d de los art\u00edculos de la LHL, por lo que la liquidaci\u00f3n debe ser anulada, en tanto ha sido girada en aplicaci\u00f3n de preceptos nulos. Concretamente, se\u00f1ala la mencionada sentencia lo siguiente:<\/p>\n

\u201cLa liquidaci\u00f3n debe ser anulada, en cuanto girada en aplicaci\u00f3n de preceptos expulsados del ordenamiento jur\u00eddico ex origine, cuyo resultado no puede ser reexaminado a la vista del resultado de prueba pericial para la que se carece de par\u00e1metro legal (comparaci\u00f3n de valores escriturados, comparaci\u00f3n de valores catastrales, factores de actualizaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n de normas de otros impuestos\u2026) en ejercicio o forma de actuaci\u00f3n expresamente rechazado, pues implicar\u00eda continuar haciendo lo que expresamente el Tribunal Constitucional rechaza esto es \u201cdejar al arbitrio del aplicador tanto la determinaci\u00f3n de los supuestos en los que nacer\u00eda la obligaci\u00f3n tributaria como la elecci\u00f3n del modo de llevar a cabo la determinaci\u00f3n del eventual incremento o decremento\u201c, determinaci\u00f3n que el Constitucional insiste queda reservada al legislador, al que debe entenderse dirigida la aclaraci\u00f3n del alcance o significado de la inconstitucionalidad declarada, no al aplicador del derecho, que con ello habr\u00eda de quebrantar principios de seguridad jur\u00eddica y de reserva de ley en materia tributaria, que en definitiva han determinado la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad<\/em>\u201d.<\/p><\/blockquote>\n

Esta postura ha sido posteriormente ratificada, por ejemplo, por el\u00a0TSJ de Catalu\u00f1a en su sentencia 787\/2017\u00a0<\/strong>de 30 de octubre, en la que se\u00f1ala que:<\/p>\n

\u201cResultar\u00e1 procedente y obligado readecuar el sentido de los anteriores pronunciamientos de este Tribunal sobre la cuesti\u00f3n controvertida a las nuevas determinaciones de la expresada jurisprudencia constitucional, como vienen haciendo otros tribunales de este mismo orden jurisdiccional contencioso administrativo, con la consecuencia obligada de la declaraci\u00f3n de invalidez de las correspondientes actuaciones municipales liquidadoras del impuesto de continua referencia -IIVTNU- por falta de cobertura normativa legal para la exacci\u00f3n del tributo hasta que por el legislador estatal de haciendas locales no se atienda, finalmente, el expresado mandato expreso de la jurisprudencia constitucional citada sobre un elemento de la relaci\u00f3n jur\u00eddico tributaria manifiestamente afectado por el principio constitucional de reserva de ley en materia tributaria.<\/em><\/p>\n

Ello, en el bien entendido aqu\u00ed de que de la jurisprudencia constitucional antes indicada se desprende, sin duda, una expresa objeci\u00f3n constitucional a una eventual reconstrucci\u00f3n normativa de los preceptos de aplicaci\u00f3n mediante el libre arbitrio del aplicador o de los \u00f3rganos jurisdiccionales por v\u00eda interpretativa en revisi\u00f3n de actuaciones tributarias para la determinaci\u00f3n de los supuestos en los que nacer\u00eda la obligaci\u00f3n tributaria y, a su vez, para la elecci\u00f3n en cada caso concreto del modo de llevar a cabo la determinaci\u00f3n del eventual incremento o decremento del valor de los terrenos transmitidos, lo que se estima contrario por dicha jurisprudencia constitucional, derechamente, no s\u00f3lo al principio constitucional de seguridad jur\u00eddica, garantizado entre otros principios jur\u00eddicos esenciales por el art\u00edculo 9.3 de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola , sino tambi\u00e9n al principio constitucional de reserva de ley en materia tributaria, recogido por los art\u00edculos 31.3 y 133.1 y 2 del mismo texto constitucional\u201d.<\/em><\/p><\/blockquote>\n

Id\u00e9ntica postura ha mantenido, por ejemplo, el\u00a0TSJ de Castilla y Le\u00f3n<\/strong>. Adem\u00e1s, tanto en Madrid como en Barcelona los Juzgados de lo Contencioso Administrativo est\u00e1n dictando sentencias acogi\u00e9ndose a la doctrina de los respectivos TSJ. En el caso de Madrid, incluso est\u00e1n siendo desestimados los recursos de apelaci\u00f3n que los servicios jur\u00eddicos de los ayuntamientos est\u00e1n interponiendo ante el TSJ. Por otro lado, en el caso de Barcelona, se ha publicado recientemente en el Diario Expansi\u00f3n que el Juzgado Contencioso Administrativo N\u00ba 2 ha eximido a un contribuyente del pago de la plusval\u00eda a pesar de que hubo incremento de valor, bas\u00e1ndose en los mismos argumentos esgrimidos por el TSJC (http:\/\/www.expansion.com\/economia\/2018\/02\/04\/5a772e1946163f90378b4628.html<\/a>).<\/p>\n

A manera de resumen podr\u00edamos decir que esta nueva corriente jurisprudencial se basa en la idea de que en el IIVTNU el nacimiento de la obligaci\u00f3n tributaria es determinado por la definici\u00f3n legal de \u201cincremento de valor\u201d. Por lo tanto, al carecer de esa definici\u00f3n los aplicadores del derecho no pueden formular definiciones distintas, ya que la determinaci\u00f3n del hecho imponible corresponde exclusivamente al legislador en virtud del principio constitucional de reserva de ley tributaria. Tampoco podr\u00edan los mencionados aplicadores acudir a otros impuestos ya que la LGT proh\u00edbe en su art. 14 la analog\u00eda cuando \u00e9sta se emplea para extender m\u00e1s all\u00e1 de sus t\u00e9rminos estrictos el \u00e1mbito del hecho imponible. En consecuencia, al haber sido anulado el precepto que nos permite definir el hecho imponible, el impuesto no se podr\u00eda haber devengado porque no habr\u00eda nacido la obligaci\u00f3n tributaria. Lo dicho implica que las liquidaciones deben ser anuladas y los impuestos devueltos con independencia de que haya prueba o no sobre el incremento de valor, ya que no hay base legal a d\u00eda de hoy para exigir dicho tributo. Es decir, al haberse liquidado o autoliquidado el impuesto bajo un precepto nulo, la \u00fanica consecuencia puede ser precisamente la nulidad de dichas liquidaciones o autoliquidaciones.<\/p>\n

Por \u00faltimo, cabe se\u00f1alar que\u00a0la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha admitido mediante Auto de fecha 19 de enero de 2018 un recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el Ayuntamiento de Getafe precisamente contra la mencionada sentencia 512\/2017 de 19 de julio dictada por el TSJ de Madrid<\/strong>\u00a0que, como vimos, da origen a la mencionada tendencia jurisprudencial. En su recurso, la representaci\u00f3n del Ayuntamiento se\u00f1ala que la \u201cinterpretaci\u00f3n maximalista\u201d defendida por el TSJ de Madrid es gravemente da\u00f1osa para los intereses generales y vulnera los art\u00edculos 31, 47 y 142 CE, al producir el incumplimiento del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos, la reducci\u00f3n de la autonom\u00eda financiera de los entes locales y la cercenaci\u00f3n de su potestad tributaria.<\/p>\n

El TS, por su parte, fija el objeto del recurso de la siguiente manera:<\/p>\n

\u201cDelimitar si, para garantizar la seguridad jur\u00eddica, la igualdad en la aplicaci\u00f3n de la ley y el respeto de la reserva de ley en materia tributaria, la inconstitucionalidad de los art\u00edculos 107.1, 107.2.a) y 110.4 TRLHL declarada en la sentencia del Tribunal Constitucional 59\/2017, de 11 de marzo, obliga en todo caso a la anulaci\u00f3n de las liquidaciones por el IIVTNU, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situaci\u00f3n inexpresiva de capacidad econ\u00f3mica, como defiende el juzgador de instancia<\/em><\/strong>\u201d.<\/em><\/p><\/blockquote>\n

En conclusi\u00f3n, todo apunta a que en los pr\u00f3ximos meses ser\u00e1 el propio Tribunal Supremo el que respalde o, por el contrario, modere el criterio que est\u00e1n manteniendo actualmente los TSJ de las Comunidades Aut\u00f3nomas m\u00e1s importantes.\u00a0Hasta entonces, parece viable la opci\u00f3n de conseguir la anulaci\u00f3n judicial de las liquidaciones o autoliquidaciones -y la correspondiente devoluci\u00f3n del impuesto- ampar\u00e1ndose en la falta de cobertura legal de las mismas, sin necesidad de probar la existencia o no del incremento de valor del terreno<\/strong>. Falta por ver si el TS se sumar\u00e1 a la causa de los TSJ de trasladar al legislador estatal la carga de determinar con precisi\u00f3n la definici\u00f3n del hecho imponible; o si se apartar\u00e1 de este criterio procurando m\u00e1s bien la protecci\u00f3n de los intereses de los miles de ayuntamientos afectados. Tambi\u00e9n es conveniente tomar en cuenta el papel que podr\u00eda jugar en estos casos el plazo prescriptivo de cuatro a\u00f1os contenido en la LGT, pues podr\u00eda caber una interpretaci\u00f3n mediante la cual los ayuntamientos que sean condenados a la devoluci\u00f3n del impuesto intenten recaudar de nuevo el mismo tras la publicaci\u00f3n de los nuevos criterios legales para la determinaci\u00f3n del hecho imponible, siempre que no haya transcurrido el mencionado plazo de prescripci\u00f3n.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La actual corriente jurisprudencial que se decanta por anular todas las liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), con independencia de que el contribuyente que recurra la liquidaci\u00f3n del impuesto haya probado o no el incremento de valor del terreno.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1121,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[77],"class_list":["post-1119","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-plusvalia-municipal"],"yoast_head":"\nPlusval\u00eda Municipal: Se puede reclamar a\u00fan cuando haya habido un incremento del valor del terreno - R\u00faa Abogados<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ruaabogados.es\/en\/abogados-plusvalia-municipal-iivtnu\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_GB\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Plusval\u00eda Municipal: Se puede reclamar a\u00fan cuando haya habido un incremento del valor del terreno - 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