{"id":1574,"date":"2022-09-20T16:26:56","date_gmt":"2022-09-20T14:26:56","guid":{"rendered":"https:\/\/ruaabogados.es\/?p=1574"},"modified":"2025-12-01T11:27:49","modified_gmt":"2025-12-01T10:27:49","slug":"nuevarealidadplusvalia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ruaabogados.es\/en\/nuevarealidadplusvalia\/","title":{"rendered":"La nueva realidad tras la reciente declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU)"},"content":{"rendered":"

Como ya es bien sabido, muy recientemente se dictaba la\u00a0SENTENCIA DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC), N\u00daM. 182\/2021, DE 26 DE OCTUBRE, publicada en el BOE de 25 de noviembre de 2021<\/strong>, y que resulta capital dado que el Alto Tribunal en materia de Derechos y Garant\u00edas Constitucionales estableci\u00f3\u00a0DEFINITIVAMENTE la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, p\u00e1rr. 2\u00ba, 107.2 a) y 107.4 de la LRHL, preceptos referidos al conocido impuesto de la \u201cPlusval\u00eda Municipal\u201d (IIVTNU).<\/strong><\/p>\n

Para resumir, el motivo de dicha nulidad e inconstitucionalidad radica en que\u00a0la regulaci\u00f3n del m\u00e9todo estimativo que se recoge en los mencionados preceptos est\u00e1 sometiendo a tributaci\u00f3n situaciones de hecho inexpresivas de capacidad econ\u00f3mica, por ser un sistema ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis econ\u00f3mica<\/strong>, en el que carece de sentido la antigua presunci\u00f3n de revalorizaci\u00f3n anual de los terrenos urbanos que exist\u00eda anta\u00f1o para crear esta normativa objetiva de valoraci\u00f3n ahora declarada nula e inconstitucional,\u00a0ya que con la misma se gravaban situaciones de no incremento, o incluso de decremento de valor por una supuesta renta ficticia que se amparaba en incrementos de valor presuntos, medios o potenciales<\/strong>. Es decir,\u00a0HAY QUE PRECISAR QUE NO SE DECLARA LA NULIDAD DEL IMPUESTO, SINO LA DEL SISTEMA DE REGULACI\u00d3N Y C\u00c1LCULO DE LA BASE IMPONIBLE<\/strong>.<\/p>\n

Es precisamente en la importancia de esta resoluci\u00f3n y la nueva realidad que se viene desarrollando tras la misma, sobre todo tras una reciente Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (TJUE) que tambi\u00e9n abordaremos, donde radica el hilo argumental sobre el que se desarrollar\u00e1 el presente art\u00edculo.<\/p>\n

 <\/p>\n

\u00bfEn qu\u00e9 supuestos ser\u00eda viable (a priori) invocar la nulidad recientemente declarada?<\/strong><\/p>\n

A pesar de que, como establece el propio TC en el Fundamento Jur\u00eddico Sexto de su Sentencia, la declaraci\u00f3n de nulidad de los antedichos preceptos supone \u201csu expulsi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico\u201d, en el mismo fundamento jur\u00eddico ha excluido la posibilidad de revisi\u00f3n con amparo en dicha nulidad de las autoliquidaciones\/liquidaciones anteriores al 26 de octubre de 2021 que no hayan sido objeto de impugnaci\u00f3n, incluso en este caso aunque a\u00fan estuvieran en plazo de recurso. Es decir,\u00a0reduce el \u00e1mbito de reclamaci\u00f3n por esta reciente nulidad a los siguientes supuestos<\/strong>:<\/p>\n

    \n
  1. Liquidaciones\/autoliquidaciones que a\u00fan est\u00e9n en fase de impugnaci\u00f3n (ya sea administrativa o contenciosa).<\/em><\/li>\n
  2. Supuestos en los que a\u00fan no se haya presentado autoliquidaci\u00f3n o girado liquidaci\u00f3n.<\/em><\/li>\n
  3. Liquidaciones\/autoliquidaciones emitidas entre el 26 de octubre y el 10 de noviembre (d\u00eda anterior a la entrada en vigor de la nueva regulaci\u00f3n del IIVTNU).<\/em><\/li>\n<\/ol>\n

    Adem\u00e1s, nuestro Tribual Supremo (TS), en reciente Sentencia de 3 de febrero de 2022, viene precisamente a confirmar esa eficacia limitada de la reciente STC de 26 de octubre de 2021, y en concreto para un caso que ya hab\u00eda tenido sentencia desestimatoria firme, si bien no establece dotrina ni es Sentencia del Pleno de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo).<\/p>\n

     <\/p>\n

    \u00bfQu\u00e9 pasa con el resto de supuestos no incardinables en ninguna de las tres opciones que amparen una posible impugnaci\u00f3n con base en esta nueva STC?<\/strong><\/p>\n

    Las posibilidades depender\u00e1n seg\u00fan el supuesto de hecho:<\/p>\n

      \n
    1. Supuestos en los que se pruebe que no hubo incremento de valor<\/em>: la impugnaci\u00f3n tendr\u00eda su amparo en la STC 59\/17 de 1 de mayo). Este no incremente\u00a0debe probarse por el contribuyente<\/strong>, bien con los valores escriturados en las fechas de adquisici\u00f3n y transmisi\u00f3n, bien con un informe pericial (STS 116\/2018 de 9 de julio).<\/li>\n
    2. Supuestos en los que, aun existiendo incremento de valor, la cuota abonada sea superior a dicha plusval\u00eda<\/em>: la base jur\u00eddica la constituir\u00eda en este caso la STC 126\/19 de 31 de octubre. Al igual que el punto anterior, esta circunstancia debe probarse igualmente por el contribuyente.<\/li>\n
    3. Para el resto de supuestos:<\/em><\/li>\n<\/ol>\n
        \n
      1. V\u00eda de Revisi\u00f3n de Oficio<\/em>, con base en los arts. 217 y 221.3 de la Ley General Tributaria, en relaci\u00f3n con los arts. 4 y ss. del Real Decreto 520\/2005, 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de dicha Ley, en materia de revisi\u00f3n en v\u00eda administrativa, mediante una\u00a0solicitud de revisi\u00f3n de acto nulo de pleno derecho<\/strong>, con devoluci\u00f3n de ingresos indebidos. Se trata de una v\u00eda con pocas posibilidades de \u00e9xito, sobre todo tras reciente STS de 18 de mayo de 2020, que neg\u00f3 cualquier posibilidad de utilizar esta v\u00eda para impugnar liquidaciones firmes. En todo caso, esta sentencia es anterior a la nueva doctrina del TC, por lo que no se puede descartar esta posibilidad.<\/li>\n
      2. Formular una\u00a0Reclamaci\u00f3n por Responsabilidad patrimonial frente al Estado<\/strong>, dado que el TC, desde su sentencia de 11 de mayo de 2017, exigi\u00f3 al legislador una nueva regulaci\u00f3n de este impuesto, y no fue sino tras esta \u00faltima sentencia del 26 de octubre cuando por fin se decidi\u00f3 afrontar dicha reforma legislativa, v\u00eda que en su d\u00eda ya admiti\u00f3 el TS en su Sentencia 1620\/19 de 21 de noviembre, en aplicaci\u00f3n de la antedicha Sentencia de 11 de mayo de 2017, en un supuesto en que el contribuyente pudo acreditar un decremento de valor impugnando una liquidaci\u00f3n que ya era firme.<\/li>\n<\/ol>\n

         <\/p>\n

        \u00bfEn qu\u00e9 consistir\u00eda la Reclamaci\u00f3n por Responsabilidad Patrimonial frente al Estado?<\/strong><\/p>\n

        Ser\u00eda en este caso por la v\u00eda del 32.4 de la Ley 40\/2015 de 1 de octubre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico, se formular\u00eda frente al Consejo de Ministros, y quedar\u00eda supeditada a la concurrencia de, entre otros, los siguientes requisitos:<\/p>\n